miércoles, 22 de junio de 2022

Exigen destitución inmediata del Comisionado de búsqueda de Sonora

Silvia Núñez Esquer

Hermosillo, Sonora | 22 de junio del 2022

Por negligencia, falta de empatía con las familias de víctimas de desaparición, y ausencia de diálogo con ese colectivo, Madres Buscadoras de Sonora, exigió a las autoridades competentes la destitución inmediata del Comisionado Estatal de Búsqueda en Sonora.

Ceci Patricia Flores. Foto: Silvia Núñez Esquer

“El Doctor José Luis González Olivarría nunca nos ha recibido para dialogar, y ni una bebida hidratante nos ha brindado para nuestras búsquedas”, relató en entrevista Ceci Patricia Flores Armenta, presidenta y fundadora de Madres Buscadoras de Sonora.

Es por ello que decidieron manifestarse frente al Congreso del Estado de Sonora, ya que el gobernador, quien debe nombrar a la persona comisionada de búsqueda no ha respondido al respecto, ni ha contestado sus mensajes, comentó.

Por otra parte, las mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos fueron recibidas en el congreso con la puerta cerrada con llave, por lo que a su vez ellas clausuraron simbólicamente la puerta del recinto por fuera, para que tampoco nadie saliera. “Nadie sale y nadie entra”, dijo Flores Armenta.  

Liliana López, Foto: Silvia Núñez Esquer

Finalmente, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en pleno, acudió a responder a su solicitud de diálogo con ese poder legislativo, y las invitaron a sostener una reunión con todas las diputadas integrantes, así como la presidenta en turno del Congreso, Natalia Rivera Grijalva.

Las legisladoras Rosa Elena Trujillo, María de Jesús Castro, María Alicia Gaytán Sánchez, Diana Karina Barreras, Beatriz Cota Ponce, Rebeca Irene Silva Gallardo, Celeste Taddei Arriola y Natalia Rivera, sostuvieron una reunión con las madres y hermanas que buscan a su desaparecidas y desaparecidos, en donde llegaron a algunos acuerdos. 

Foto: Silvia Núñez Esquer

Con respecto a la demanda principal de destitución del Doctor González Olivarría, como Comisionado estatal de búsqueda, las legisladoras explicaron que, aunque no es de su competencia ni la destitución ni su nombramiento, se comprometieron a citarlo a una comparecencia, ya que esto sí está dentro de sus facultades, y ahí es donde se le pedirá rendición de cuentas, ya que a la fecha nunca ha presentado un informe.

Otra de las peticiones de las Madres Buscadoras, que comparten con otros colectivos locales de búsqueda, es debida a su preocupación por la reciente entrada en vigor de la reforma al Código Penal de Sonora, que prohíbe la toma de fotografías y video a personas sin vida, así como todo tipo de transmisión, publicación o envío por cualquier medio de ese material.

Para los colectivos de búsqueda esa práctica es fundamental como herramienta para poder brindar de primer momento la posibilidad tanto a la víctima como a sus familiares que la buscan de que la reconozcan gracias a esas imágenes.

Foto: Silvia Núñez Esquer

Sin embargo, con la reforma publicada en el Boletín oficial el 6 de junio del 2022, las buscadoras se ven limitadas a la descripción en texto y no en imágenes, ya sea de la persona encontrada sin vida, o de algún detalle que la identifique.

Es así que, la reforma en Sonora inspirada en la “Ley Ingrid”, debe ser modificada de acuerdo a la petición de los colectivos de búsqueda.

Como acuerdo, tanto la diputada promovente Alicia Gaytán como sus compañeras legisladoras presentes se comprometieron a modificarla a la brevedad, pues en ningún momento “la ley pretendía limitar su trabajo como buscadoras”, expusieron.

Otro compromiso de las legisladoras sonorenses fue solicitar una auditoría a la Comisión Estatal de Búsqueda pues la inquietud de las Madres Buscadoras se debe a que no tienen información sobre la aplicación de los recursos otorgados por el Gobierno Federal, ya que, por lo menos a ellas “nunca las ha querido apoyar”.

Madres buscadoras de Sonora con diputadas. Foto: Silvia Núñez Esquer

El cuarto y último acuerdo es el integrar a las Madres buscadoras al Consejo Estatal Ciudadano de Búsqueda. Las diputadas comentaron que ese órgano auxiliar debe ser renovado en breve, ya que su vigencia es de tres años y están por vencerse. Por lo tanto, en lo que a ellas les corresponda harán lo propio para integrar a familiares de personas desaparecidas, tal como lo establece la ley que crea la Comisión Estatal de Búsqueda.

SE REÚNEN CON EMBAJADAS DE VARIOS PAÍSES

Por la tarde del martes las Madres Buscadoras de Sonora sostuvieron una reunión privada con representantes de varios países que participan en la Mesa de Cooperación Internacional de la ONU, coordinados por el embajador de Suiza.

Foto: Silvia Núñez Esquer

Con la presencia de Belén Sanz Luque de ONU Mujeres, las buscadoras expusieron su visión de la desaparición forzada de personas en Sonora, y de las dificultades para realizar su trabajo voluntario en el monte, a menudo sin apoyo de las autoridades.

Narraron cómo franquean las vicisitudes del clima, de la inseguridad, de los riesgos de enfrentarse a sicarios que justo se dedican a desaparecer o a privar de la vida a las personas, y cómo en algunos momentos han estado de frente a la muerte cuando les apuntaron con una metralleta en una búsqueda.

“Ahí es donde yo volví a nacer”, expresó Ceci Patricia Flores Armenta, líder del colectivo, describiendo cómo le habló de frente a aquel joven armado que venía a eliminarlas por haberse metido a un terreno dominado por el crimen organizado.

Fue a través de sus palabras de madre dolida como lo convenció de que la dejar ir pues tal vez fuera justo ella a la que su madre le pidiera ayuda para encontrarlo cuando lo desaparecieran, relató. 

Foto: Silvia Núñez Esquer

La reunión contó con la presencia de representantes de las embajadas de Alemania, Finlandia, Canadá, Suiza, Países Bajos, Colombia, Uruguay, Reino Unido, Chile, Noruega, y de la ONU.

viernes, 20 de mayo de 2022

Despojan a ejidataria de su terreno, autoridades protegen a terrateniente

Silvia Núñez Esquer | Hermosillo, Sonora | 20 de mayo del 2022

En pie de lucha, estresada, nostálgica y desconcertada, pero firme en la defensa de la tierra se encuentra Francisca Banda Valenzuela, ejidataria de Buaysiacobe, municipio de Etchojoa, Sonora. 

Ejido Buaysiacobe. Foto: proporcionada por Francisca Banda

 Panchita, es una de las ejidatarias del sur de Sonora que mantiene un plantón en su parcela hace casi un mes, soportando altas temperaturas, por el acecho de un terrateniente protegido por autoridades que pretende despojarla de su patrimonio.

El pasado mes de marzo el Instituto Nacional de las Mujeres redujo su presupuesto en cinco millones de pesos para transferirlos a la Procuraduría Agraria “para desarrollar acciones a fin de que las mujeres indígenas y rurales puedan hacer efectivos sus derechos agrarios, en particular el acceso a la tierra, así como el de la participación democrática en espacios de toma de decisión en el ámbito agrario en condiciones de igualdad y no discriminación”.

Según datos de Inmujeres en México 51% del territorio nacional es propiedad social, existen 32, 212 núcleos agrarios, 29, 801 ejidos y 2,409 comunidades agrarias. 5.4 millones de personas son ejidatarias, comuneras, avecindadas o posesionarias, de las que, 27% son mujeres y 73% hombres.

La representación agraria de las mujeres se distribuye de la siguiente forma: 21% del total de integrantes de los comisariados ejidales y los consejos de vigilancia son mujeres. Solo el 7.6% de las presidencias de los comisariados ejidales y comunales están a cargo de mujeres. En el caso de los Consejos de Vigilancia sólo el 5% de las presidencias son mujeres.

“La Procuraduría Agraria tiene como función principal la defensa de los derechos de los ejidos, comunidades, ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios o comuneros, pequeños propietarios, avecindados y jornaleros agrícolas”, justificó el Inmujeres para la donación.

Sin embargo, parecería que la Procuraduría Agraria no ha modificado su enfoque para proteger los derechos de las mujeres ejidatarias. El 19 de agosto del 2019 Francisca Banda Valenzuela interpuso una demanda ante la Procuraduría Agraria y el Tribunal Agrario, contra David Rochín Ley, resuelta a su favor, pero sin ejecución.

En una guerra desproporcionada, al quedar los terrenos de Rochín Ley alrededor de la parcela de la familia Valencia Banda, el terrateniente pretende quedarse con el único pedazo de tierra que aún no le pertenece.

Linderos parcela de Francisca Banda

Francisca narra cómo está batallando porque a pesar de que la resolución de la sentencia fue a su favor, nadie ha acudido a retirar la maquinaria que permanece lista para continuar la trilla del trigo que sembró Rochín, siembra por la que solo le cobra una vez al año, siendo que la realiza dos veces por año.

Desde el 28 de abril pasado Francisca Banda Valenzuela permanece en un plantón a cielo abierto, instalada en su parcela, defendiendo la tierra y acompañada por algunas personas solidarias que le llevan de comer, agua para no deshidratarse, apoyando la lucha contra la injusticia.

Francisca cuenta con su título de propiedad desde 1999 de la parcela número 260 Z1 P2/2, con una superficie de 8-95-88.85 hectáreas, en el ejido Buaysiacobe, municipio de Etchojoa, Sonora, como consta en su demanda y en la resolución de sentencia.

La afligida ejidataria tuvo que promover un juicio agrario contencioso por la desocupación y restitución de una fracción de su parcela, contra David Rochín, obteniendo resolución a su favor. “Me está mordiendo los linderos, lo que quiere es hacerme chiquita la parcela”, lamenta.

No obstante contar con una resolución de sentencia a su favor, Panchita comenta que ninguna autoridad lo ha hecho efectivo y la amenaza permanece ya que el referido tiene pendiente la trilla del trigo. “No me dice nada, si me va a pagar o no, pero dejó ahí el trigo. Las autoridades me dicen que, si tomo el trigo como pago por mi cuenta, incurriría en un delito”.

En su exigencia de restitución de tierras ante el Tribunal Unitario Agrario número 35, y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, acreditó debidamente ser la dueña de la parcela, lo cual demostró con el título de propiedad, expedido por el Registro Agrario Nacional. 

Además pidió que se condenara a la Unión de Usuarios Productores Agrícolas de la Unidad de Riego Para el Desarrollo Rural de la Sección número 10 del distrito de riego número 38, cancele del padrón de usuarios, el permiso de siembra a nombre de David Rochín Ley, respecto de esa parcela.

El ejido Buaysiacobe se fundó en 1939 donde la mayoría de los ejidatarios hacían producir sus tierras que eran de veinte hectáreas, salvo Dolores Valencia Molina, “quien cuando todos sembraban sus tierras, él seguía subsistiendo de la leña que le daba su terreno donde vivió con su familia, en el cerro Babukawi, conocido también como ‘El Cerrito’, por ser el más pequeño de los cercanos al ejido Buaysiacobe”, narra Francisca en su demanda.

Aludiendo al principio constitucional de indivisibilidad de la parcela ejidal publicado en el Diario Oficial en 1992, Francisca solo aspira a que le pague lo que debe Rochín por la renta de la tierra, y que deje de invadir y de asechar con la amenaza de apropiarse de su parcela.

Ese terreno de su propiedad se ha convertido en la manzana de la discordia para el terrateniente demandado ya que al noreste, sur y noroeste colinda con tierras de las que es dueño, pero al sur colinda con un dren que conduce agua de riego, de valor incalculable para el campo.

Ejido Buaysiacobe

Del antiguo acuerdo entre la familia Valencia y David Rochín para que éste desmontara la tierra a cambio de poder sembrar en ella, solo queda la intención de apropiársela.

Ante la Procuraduría Agraria, Delegación Estatal en Sonora, con residencia en Navojoa, Francisca acreditó que la parcela es de su propiedad, que Rochín Ley continuó sembrando sin su permiso y que sembró el ciclo pasado “sin pagar ningún solo peso, lo cual quiso  repetir este año, pero le fue impedido por los ejidatarios que frenaron la trilla, hasta que pagó ante el Ministerio Público del Estado de Sonora la renta de las dos últimas cosechas derivado de la denuncia que se le interpuso ante esa representación social”.

Más aún, a Francisca le ha sido negado el ingreso al padrón de usuarios del Módulo de Riego número 10, pues se encuentra a nombre de David Rochín Ley, sin ser el titular de la parcela. “A todas luces violan mis derechos como ejidataria indígena yoreme-mayo”, reclama.

Ante el Ministerio Público solicitó el procedimiento de conciliación, pero el invasor de tierras no aceptó desocupar la parcela de Francisca y se encontraba en ese momento preparando la tierra para volver a usarla.

Lo increíble de la historia es que en la sentencia le dan la razón a Francisca Banda Valenzuela, pero no se ejecuta, protegiendo los intereses de Rochín Ley.  A pesar de que ella cuenta con su título de propiedad desde el 17 de febrero de 1999.

La Procuraduría Agraria condenó a David Rochín Ley a la desocupación y entrega a favor de Francisca Banda la superficie de tierra que le corresponde. Además, “deberá abstenerse de usar, disfrutar, y disponer del terreno referido, aunado a que tampoco podrá realizar actos perturbatorios en éste”.

La sentencia expedida el 27 de noviembre del 2021, resuelve que, “una vez que cause estado la presente resolución el personal actuante de este órgano jurisdiccional deberá proceder a la ejecución de la sentencia”, no obstante, nadie ha acudido a retirar en definitiva a David Rochín quien mantiene producto en la parcela propiedad de Francisca Banda. 

Resolutivo demanda Francisca Banda

De igual forma, la sentencia condena a la Unión de Usuarios Productores Agrícolas de la Unidad de Riego para el Desarrollo Rural de la Sección número 10, del Distrito de Riego número 41 Río Mayo, A.C. a que cancele del padrón de usuarios y permisos de siembra el nombre de David Rochín Ley, y en su lugar realice el alta de Francisca Banda Valenzuela, titular de la parcela en cuestión.

En el expediente 348/2019 la sentencia resuelve procedente la demanda de Francisca Banda Valenzuela, y se condena rotundamente a Rochín Ley a la desocupación y entrega a favor de ella la superficie en disputa. A la vez, condena a la Unión de Usuarios de Riego que incluyan a Francisca en su padrón. Pero Francisca continúa sufriendo calor en el plantón, en incertidumbre, en el riesgo constante de que, como tiburón que come al pez más pequeño, el terrateniente engulla su parcela.

domingo, 8 de mayo de 2022

Destaca alumna de Cobach Sonora en concurso nacional de dibujo

•       Organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Imagen: SEC Sonora

 Hermosillo, Sonora; 8 de mayo de 2022.- La alumna del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (Cobach) del plantel Villa de Seris, Rocío Janeth Pérez Ríos, resultó ganadora del tercer lugar nacional del 14 Concurso de Dibujo Jurídico Infantil y Juvenil de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

 

 El director general de Cobach Sonora, Rodrigo Arturo Rosas Burgos, informó que la estudiante recibió el reconocimiento de la SCJN,  que la acredita como ganadora, tras haber participado en el concurso al que dicha instancia convocó a través de la dirección general de Casas de la Cultura Jurídica.

Imagen: SEC Sonora

Al enviar una felicitación, en nombre del Colegio de Bachilleres, a la alumna del grupo 204 del turno matutino del plantel Villa de Seris, el director de este subsistema educativo destacó que representa un motivo de orgullo que Rocío Janeth haya puesto en alto el nombre del Cobach y de Sonora en ese certamen.

 

 El concurso se realizó con la temática “Niñas, niños y adolescentes con discapacidad y la protección de sus derechos humanos”, del 4 al 8 de abril, en el marco de la Semana Nacional de los Derechos de la Infancia 2022, mencionó Rosas Burgos.

 

 La directora del plantel Villa de Seris, Armida Fontes Valdez, expuso que, para este centro escolar, es de gran satisfacción que una de sus alumnas, Rocío Janeth Pérez Ríos, haya ganado en el Concurso de Dibujo Jurídico Infantil y Juvenil de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Sofía Janeth Pérez Ríos. Foto: SEC Sonora

 Resaltó que Rocío Janeth fue también ganadora del primer lugar en la etapa de zona.

Fuente: Secretaría de Educación y Cultura, Sonora